jueves, 14 de julio de 2011

El curso de Religión ya no es obligatorio en los colegios del Estado

Ayer, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó por dieciocho votos a favor, dos en contra y una abstención, una norma que modifica la Ley de Libertad Religiosa (Ley 29635), con lo cual los alumnos que así lo deseen (con permiso o por pedido de sus padres) pueden exonerarse del curso de Religión sin que ello afecte su promedio. Si bien esto ya se aplicaba en algunos colegios privados de naturaleza laica, no era posible en los colegios estatales.

¿Por qué es necesaria una ley de estas características en un país cuya Constitución, desde 1979, reconoce que el Estado peruano es aconfesional? Es obvio. Cuando se planteó ese cambio tan radical, la Iglesia Católica no iba a aceptarlo con los brazos cruzados. Muchos beneficios económicos recibidos del Estado estaban en juego, entre ellos las exoneraciones tributarias, las subvenciones a las obras y servicios de la Iglesia, las asignaciones al clero  (no sueldos para que no tributen), etc. Es por ello que, nueve días antes de que el expresidente Francisco Morales Bermúdez dejara Palacio de Gobierno, el 19 de julio de 1980, se firmó el "Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú", más conocido como Concordato.

Este acuerdo, cuyo texto completo pueden consultar al final de una publicación previa en este blog, estipula, entre otras cosas, que "para el nombramiento civil de los profesores de Religión Católica de los centros educacionales públicos, en los que continuará impartiéndose, como materia ordinaria, la enseñanza religiosa, se requiere presentación del Obispo respectivo. El profesor de Religión podrá ser mantenido en su cargo mientras goce de la aprobación del Obispo". Por ello, es parte de este acuerdo que el Estado esté obligado a impartir el curso de Religión en los colegios públicos.

En el Concordato, el curso de Religión se llama (como debería), de Religión Católica, porque no se enseñan distintas religiones o creencias, algo que podría ser positivo ya que ayudaría a que el alumno abra su mente a distintas visiones del mundo que no vemos. Pero, obviamente, eso no beneficia a los intereses de la Iglesia Católica, cuya principal fortaleza radica en el adoctrinamiento temprano (AT), táctica psicológica que fija en las mentes de los pequeños el temor al cuestionamiento y a la amplitud de conciencia. Si a los niños se les permite pensar libremente, será más difícil convencerlos de una idea específica cuando crezcan. Así de simple.

El actual Congreso ha metido la pata en muchos temas. Y la ha metido hasta el fondo. Sin embargo, en este asunto ha dado en el clavo. Y no proponiendo la norma, porque no fue propuesta por ningún congresista (aunque sí sustentada por Aurelio Pastor), sino por el presidente Alan García, y extrañamente cuando era presidente del Consejo de Ministros el Ing. José Antonio Chang, quien, a través de la Universidad de San Martín de Porres, de la cual ha sido rector por muchos años, mostró en más de una oportunidad una clara defensa de los intereses e ideología de la Iglesia Católica.

Y digo que ha dado en el clavo porque, en la exposición de motivos del proyecto de ley se explica lo siguiente:

Hacer clic para ver más grande
Nada más lógico y simple. La Iglesia Católica puede haber exigido al Estado peruano como parte de su acuerdo de 1980 que se imparta la educación de su religión en los colegios públicos, pero no puede obligar a los estudiantes a recibirla. 

Una de mis curiosidades al conocer esta buena noticia fue ver cómo habían solucionado este aspecto aparentemente insalvable del Concordato. La manera en que lo han hecho es impecablemente legal y 100 % constitucional.

La Iglesia Católica podría estar enfrentando, con la aprobación de esta modificación al artículo 8° de la Ley de Libertad Religiosa, un importante revés en su lucha por mantener su hegemonía en la sociedad y su influencia política. Esperamos que el Gobierno de Ollanta Humala siga en esa misma dirección.

Luego de esta importante conquista de la libertad de conciencia, serán los padres interesados en permitir que sus hijos se exoneren de este curso quienes deberán luchar "en la cancha" para que sus hijos realmente puedan hacerlo y que no reciban presiones de ningún tipo. El Congreso debe brindar a los padres y estudiantes que decidan acogerse a esta ley las garantías de que, si reciben algún tipo de presión o represalia, puedan presentar sus reclamos de manera sencilla y con mecanismos de solución rápidos y eficaces.

Sugiero al Congreso y al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, que se brinde la suficiente información a los padres en los centros educativos, de manera que, al momento de matricular a sus hijos, sepan claramente que pueden exonerarlos de ese curso sin perjuicio alguno, como lo indica la modificación aprobada ayer por la Comisión Permanente del Congreso de la República.

Hay quienes dirán que esto no es importante o, en todo caso, que hay problemas más importantes en nuestro país. Sin embargo, deben considera que la educación crítica y analítica, que significa la base de todo pensamiento maduro, racional y libre de miedos, empieza por permitir que el alumno, desde sus primeros años, sienta que tiene libertad para pensar por sí mismo, que no es menos por pensar distinto y que la verdad no debe ser impuesta sino descubierta. De esta comprensión nace el pensamiento libre, seguro y capaz de enfrentar las adversidades en todos los aspectos de la vida humana. Quien no teme se desarrolla mejor. Quien no teme no se resigna. Quien aprende a pensar por sí mismo será un ciudadano responsable, que sabrá asumir sus propias responsabilidades sin temor a las consecuencias y con respeto por los puntos de vista ajenos.

La libertad de conciencia y la libre elección de sus creencias hace al ser humano una persona más segura de sí misma y más respetuosa de la diversidad. Es por ello que es uno de los derechos humanos más importantes según la ONU, y es por ello que las cartas magnas de los países democráticos la incluyen en sus primeros artículos.

Creo que este es un gran paso y que el siguiente es impulsar mecanismos de control para evitar que la discriminación e intolerancia pretendan sobreponerse a la ley. Es hora también de exigir que el Estado empiece a dar mayores señales de independencia frente a la Iglesia Católica, reestructurando su protocolo y, más importante aún, revisando las leyes que benefician a esta religión que, aunque sea la mayoritaria en nuestro país desde el punto de vista estadístico, constitucionalmente debe recibir el mismo trato que las demás y que las personas que no profesamos ninguna religión, aunque en la práctica no sea así.

Este es el texto sustitutorio aprobado ayer:



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