¿Solo la publicidad estatal?

Hoy apareció esta noticia en peru21.pe. Ojalá alguien se atreva también a hacer el mismo estudio, pero en relación con la publicidad de empresas privadas, que también controlan qué se dice y qué no...

Un informe denuncia "censura indirecta" a los medios de Latinoamérica

El reporte de la Asociación por los Derechos Civiles señala que la publicidad estatal se ha convertido en una forma de domesticar a algunos medios de comunicación.

AFP. Arbitrariedad a la hora de conceder publicidad estatal, pago a periodistas, abuso de poder o inspecciones son algunas de las prácticas que los gobiernos ejercen para domesticar a los medios de comunicación en América Latina, según un informe divulgado este miércoles en Costa Rica.

“El precio del silencio”, realizado por la Asociación por los Derechos Civiles= y la Open Society-Justice Initiative , analiza lo que denomina “el abuso de la publicidad y otras formas de censura indirecta” en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay.

Los principales mecanismos de manipulación se dan a través de la publicidad oficial, según el informe realizado entre enero y octubre de este año y financiado por el Open Society Institute, del financiero y filántropo estadounidense de origen húngaro George Soros, y el Banco Mundial en el caso de Honduras.

Los gobiernos nacionales, provinciales y locales usan la zanahoria de la publicidad para condicionar contenidos, pagar directamente a periodistas o acallar a los medios independientes y opositores.

Según Eduardo Ulibarri, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), todos los países estudiados sufren en mayor o menor medida este tipo de prácticas, pero en Honduras y Colombia la censura “indirecta” o “sutil” es generalizada.

En Honduras, el manejo de la publicidad oficial está, prácticamente, en manos del secretario privado del presidente y se utiliza “sistemáticamente para comprar coberturas periodísticas favorables o silenciar las voces críticas”.

“Los pagos directos del gobierno a los periodistas por dudosos servicios de comunicación son una práctica institucionalizada”, asegura el informe, que también pone en evidencia que los “abusos están muy extendidos a nivel provincial”.

Algo parecido ocurre en Colombia, donde existe una “distribución irregular” de la publicidad oficial y es habitual el “pago a periodistas y otros productores de contenidos en concepto de publicidad, con el objetivo de debilitar su independencia”.

Si en algunos países, como Argentina o Perú, la situación ha mejorado a nivel nacional, a nivel local los abusos en la distribución del pastel publicitario oficial está “plagada de manejos abusivos”.

El único país del estudio que mejora en la utilización de este tipo de prácticas es Uruguay, donde la investigación muestra que actualmente la “asignación abusiva no constituye un patrón de comportamiento del gobierno”.

En Costa Rica, la publicidad oficial es en general contratada por instituciones autónomas, aunque el gobierno central “no resulta inmune a abusos graves” en la materia, señala el informe.